Hace ya algunos años que se viene percibiendo con claridad en nuestro país un importante problema de corrupción política asociado a la actividad urbanística. Así lo demuestra tanto la imparable oleada de escándalos municipales de los que se ha venido teniendo noticia en estos años, como las múltiples denuncias de abusos remitidas no sólo a los tribunales de justicia sino también a instituciones como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo o el Defensor del Pueblo1. En realidad este binomio urbanismo- orrupción no es nuevo, puesto que las singulares características de la política urbanística –el inevitable margen de discrecionalidad que lleva aparejada–, así como la importante repercusión económica de las decisiones que se toman, siempre pueden dejar un resquicio para la aparición de fenómenos de corrupción política. Lo que sí constituye una novedad en estos últimos años ha sido la extensión y la profundidad de este problema.
En este artículo se ofrece una descripción de los principales rasgos del problema de la corrupción urbanística, así como una aproximación a las causas que explican su elevado grado de incidencia en estos años.