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El documento analizado por el Consejo Universitario propone la implantación del nuevo modelo de forma progresiva hasta el curso 2015/16

Un mayor control sobre el tiempo que los alumnos universitarios requieren para realizar una carrera y más contribución de la familia al coste de sus estudios son dos de las propuestas lanzadas por el Gobierno a los rectores. Con el horizonte de su completa aplicación en 2015, los que repitan -no se especifica si cursos o asignaturas de los grados y másteres- deberán pagar hasta el 50 por ciento en segunda matrícula y el 100% en tercera del coste medio real de la prestación del servicio. La implantación de la propuesta estará sincronizada con el despliegue de una nueva política de becas.
El documento analizado en el pleno del Consejo de Universidades, celebrado en Madrid, propone implantar este modelo de forma progresiva con la intención de desarrollarlo completamente en el curso 2015/16.
Durante los seis primeros años, el aumento anual de las tasas estaría entre el 10% y el 15% para la segunda matrícula y de entre 15 y 30%, la tercera. Los incrementos no se producirán hasta el curso 2010-2011 y “sólo serán de aplicación a los estudiantes que tienen como actividad exclusiva el desarrollo de su proceso formativo” indica.
Las Universidades públicas cobrarían hasta un 15% del coste medio de provisión del servicio docente a los estudiantes que se matriculen por primera vez.
Esta “nueva política de precios públicos dirigida expresamente a mejorar el rendimiento académico” iría pareja a una mejora en la cuantía de las becas “para que puedan cursar estudios postobligatorios los alumnos pertenecientes a familias con rentas más bajas” afirma.
Se quiere que ciertos umbrales de renta necesarios para obtener las ayudas adopten la forma de intervalo en lugar de figurar con una cuantía fija. La intención es garantizar una cobertura igual con independencia del lugar de residencia del beneficiario y que el Estado colabore económicamente con políticas complementarias a las que desarrollen las comunidades.
Desde el punto de vista de la “justicia”, indica el “Documento para la reflexión para la mejora de las políticas de financiación universitaria…”, la actual estructura de precios universitarios “es socialmente regresiva” en opinión del Ministerio de Educación.
Y es así, añade, tanto por “la cuantía fija para cada tipo de grado o master dentro de una comunidad autónoma” como por “la atención a la capacidad económica del estudiante a través del nivel de renta de la unidad familiar” ya que “por encima del correspondiente umbral necesario para la obtención de beca, todos los estudiantes pagan igual con independencia de su nivel de ingreso o el de su familia. Puede considerarse que se transfiere renta de quienes tienen menos recursos a quienes tienen más” concluye.  Maite Ducajú