Las ejecuciones hipotecarias contrastan con los millones de viviendas vacías en España.
Los fríos datos estadísticos revelan que en nuestro país existen más de cien inmuebles residenciales desocupados por cada persona sin techo. Un dato que contrasta cruelmente con el incremento de desahucios provocado por una crisis económica sin parangón, a la que no se le intuye un próximo final. Además, la caída de los precios, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se está ralentizando artificialmente por la resistencia de las entidades financieras a contabilizar estos activos con el actual precio de mercado y, de esta manera, no verse obligados a declarar pérdidas. Las perspectivas indican que el número de personas en la calle se incrementará, y que el famoso ‘banco malo’ donde reunir estos activos inmobiliarios devaluados podría convertirse en una realidad.

El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a una “vivienda digna y adecuada”, y establece un marco para la participación de las distintas administraciones en las plusvalías generadas por el urbanismo, al tiempo que prohíbe expresamente la especulación con el suelo.
Pero también la Carta Magna, en sus artículos 33.2 y 128.1 establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, y fija mecanismos para la intervención pública de la economía, precisamente para las circunstancias en las que ese interés general deba prevalecer. Como millones de conciudadanos están pudiendo comprobar en sus propias carnes, la aplicación de estos preceptos constitucionales se está dejando de lado en el desarrollo de la peor crisis económica que ha conocido nuestro país y el conjunto de Occidente.
Además de las demoledoras cifras de desempleo, uno de los aspectos más sangrantes de esta situación lo está constituyendo el creciente número de ejecuciones hipotecarias y de desahucios en general –que también abarcan a los inquilinos que no pueden hacer frente al alquiler de su vivienda-. Un hecho que contrasta con la disponibilidad real de vivienda en todo el territorio nacional, en el que se comprueban unas cifras escandalosas de casas vacías.
España disponía de un parque de 25.837.108 viviendas, a finales de 2010, según datos publicados por el Ministerio de Fomento, lo que arroja un promedio de 1,55 viviendas por cada familia española, el más alto de la Unión Europea, y uno de los más elevados del mundo. Además, otra circunstancia peculiar en este ámbito se da en nuestro país: el 86 por ciento de estos inmuebles están en régimen de propiedad, y solo el 14 por ciento son de alquiler o cesión.
Durante el ‘boom urbanístico’ en España se construyeron al año tantas viviendas como en Alemania, Francia y Gran Bretaña, a un ritmo medio de 800.000 al año. De esos casi 26 millones de viviendas, 17.762.862 constituyen viviendas principales, es decir, las de uso permanente, mientras que 8.074.246 son secundarias –principalmente segundas residencias y vacacionales-.
El cambio de la Ley del Suelo promovido por el Gobierno presidido por José María Aznar, en 1998, abría la puerta a un modelo basado en el ladrillo, en el que esta actividad llegaba a generar hasta el 15 por ciento del PIB español, disparaba la especulación urbanística y, con ello, elevaba el precio de la vivienda en un 155 por ciento en menos de una década. Una burbuja inmobiliaria solo superada por Irlanda –done los precios se encarecían en un 172 por ciento y Malta (157 por ciento).
Además, la implicación de la banca en la financiación de estos proyectos ha traído como consecuencia la actual crisis financiera que tan de lleno afecta a las entidades españolas, que han de hacer frente a los impagos de inmobiliarias y a un considerable parque de viviendas en propiedad –producto de las ejecuciones hipotecarias y de las permutas con las inmobiliarias- que lastran sus balances. Y no solo viviendas; también el suelo. Cuando Luis de Guindos era el director del Centro de Investigación Financiera del Instituto de Empresa, en 2011, revelaba que los bancos españoles poseían unos 120.000 millones de euros en suelo que no estaban ajustados a su actual precio de mercado.
Según diversas fuentes, los activos tóxicos inmobiliarios privados ascienden a más de 150.000 millones de euros, el equivalente al 15 por ciento del PIB español.
Esta circunstancia ha provocado la necesidad de una serie de ayudas públicas encadenadas. Desde 2007, los distintos gobiernos han desoído las reclamaciones de expertos instando a la creación de un parque público de vivienda en alquiler, adquiriendo parte de las viviendas de nueva construcción de difícil salida al mercado debido a la situación de crisis.
Las viviendas ‘fantasma’ y el alquiler
Los datos de viviendas vacías en todo el territorio nacional varían considerablemente, en función de las fuentes consultadas. En 2010, el Ministerio de Fomento contabilizaba 3.417.064 viviendas familiares de un parque total en España de 25.837.108 sin usar, vacías. Es decir, el 13,2% de las casas españolas estarían cerradas, según este informe. Se trata de un elevadísimo porcentaje, que agrava la situación de crisis económica y de difícil acceso a una vivienda.
Sobre esta estadística, y según la misma fuente, la propiedad de estos inmuebles está muy repartida. Cerca de 1,5 millones (1.489.728) pertenece a las comunidades de vecinos, mientras que casi dos (1.882.240) es propiedad de una persona –aunque la inconcreción en este caso es total, ya que no se especifica la cantidad que una sola de estas personas podría acumular-, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público. Del resto, 16.309, se desconoce su dueño.
Por provincias. Barcelona (338.645) y a muy poca distancia, Madrid (337.212) están a la cabeza de esta preocupante estadística. Valencia, con 228.870, Alicante, con 192.184, y Sevilla, con 124.573, completan las cinco provincias con mayor número de inmuebles sin ninguna utilidad. Por el contrario, las provincias con menor número de casas familiares vacías son Álava (11.580), Teruel (12.078), Soria (12.142), Guadalajara (13.803) y Segovia (15.326). En nuestro país, siempre según estos datos de Fomento, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM), generalmente en manos de particulares de manera muy atomizada; y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS), que son las viviendas de promotores o entidades financieras recién construidas, nunca utilizadas, y que están a la espera de su venta, en unas dificilísimas condiciones de mercado.
Pero, según otras fuentes, el parque de ‘casas fantasma’ podría sobrepasar los 3,5 millones. Incluso los datos del nuevo censo del […]
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* Navarro, Pedro Antonio. El drama de las viviendas vacías : Casas vacías, personas sin casa. El Siglo de Europa [en línea]. 2012, no. 971, p. 32-38 <http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_6_Crisis_Zona_Euro.pdf> [Consulta: 3 octubre 2012]