BIBLIOTágora el blog de Biblioteconomía y Documentación, en el que no se habla de Biblioteconomía y Documentación… sólo: "El ruido de las carcajadas pasa. La fuerza de los razonamientos queda"

Tras cientos de miles de desahucios desde el comienzo de la estafa/crisis, con tres suicidios consumados, más uno en grado de tentativa, comienzan las reacciones. La Universitat de València, desde su Vicerrectorat de Cultura, ha movido ficha, y ha mostrado su tardía manera de comportarse ante vaya usted a saber qué crípticos estímulos.

Jamás, desde el comienzo de nuestra seudodemocracia, se han conculcado tantos derechos como se están quebrantando en nuestro país, al socaire de un constante perjuicio patrimonial mediante engaño, abuso de confianza o uso de cargos, y con ánimo de lucro hacia la ciudadanía, desde sectores tan concretos y determinados como la banca, las constructoras –grandes y pequeñas-, y la Administración Pública. Este fraude –¿de Ley?- global, dicen, nos obliga, sí o sí, a retrotraernos en el tiempo algunos observan que décadas –andarán faltos de elementos de juicio e incluso del propio juicio-; la realidad, sin embargo, nos hace darnos de bruces con ella misma, indicándonos, inequívocamente, la posibilidad de extender el retroceso a varios cientos de años. ¿Desde cuándo existe la  lucha de clases?

Una de las más terribles secuelas que está dejando la estafa planetaria en España es el desalojo “legal” de cientos de miles de personas de sus viviendas. La UVEG, regida por una persona que declaró, sin ambages, que la universidad no está para crear conflictos –toda una declaración implícita de principios rectores-, en un alarde de perspicacia y oportunidad, organizó el pasado martes, 27 de noviembre, el debate “Hipoteques i desdonaments, problemes i solucions” (Hipotecas y desahucios, problemas y soluciones), con la participación del profesor de Contabilidad y Finanzas en la Universidad Jaime I Manuel Illueca, el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch, y el Juez Decano de Valencia Pedro Viguer. El evento, incluido en las actividades de Claustre Obert, iniciativa patrocinada por el diario El País -en pleno ERE, por una año de pérdidas, tras treinta de existencia- prometía.

El comienzo fue devastador, con un Profesor Illueca impartiendo una lección magistral(?), aprovechando su participación en la conferencia; previa queja en el sentido de que no existían datos oficiales, propuso un cálculo tal que, entre coordenadas, abscisas,  ejes y picos estadísticos, nos dejó perlas tales como que los hipotecados lo son llevados a ello por un comportamiento, en su momento, gregario masivo –si mis vecinos se compran un piso, yo no voy a ser menos-, obviando el hecho de que los bancos –generadores de la estafa planetaria- han sido, son y seguirán siendo más gregarios aún en sus tratos fraudulentos con los clientes; señaló algunas de sus presuntamente delictivas actuaciones –gregarias de libro-, pero, lejos de reconocerles su gregarismo repleto de idiocia, abogó por no dejar caer a ninguno, dado que son los que disponen de nuestros ahorros –en Islandia, como señaló el Juez Bosch, se garantizaron por parte del Estado los depósitos bancarios; las entidades de ahorro quebraron, e Inglaterra, en su casposo e histórico autismo, aún sigue esperando el pago de las deudas-. Tras un primer periodo en la estafa caracterizado por la falta de liquidez, ésta se vio solventada con el aval del Estado, lo que, según el docente, lleva a desaconsejar por completo la desinencia institucional, propiciatoria de quiebras a punta de pala, y del propio Estado, faltaría más. No se preguntó por qué aquí no se garantizaron los depósitos, en detrimento de todo lo demás, activos tóxicos incluidos, que ahora la ciudadanía –con desahuciados en el grupo de privilegio- va a tener que tragarse con patatas, a través del “banco malo” (SAREB). Evidentemente, la dación ni plantearla, no vayamos a provocarles diarreas a los ejecutivos y accionistas bancarios.

Si nos descuidamos, nos lleva a la conclusión de que dada la inexistencia de literatura al respecto, el asuntillo de los desahucios es una pura invención de los media.

Y sus alumnos tomando apuntes.

El Juez Decano de Valencia dejó muy claro que fue uno de los participantes en la elaboración del informe en el que la judicatura aconseja un cambio legislativo, amén de mostrarse entusiasmado por un interesantísimo debate planteado entre los jueces –que forman parte del stablishment, no obviemos esta circunstancia-, a propósito de la delirante y kafkiana pandemia de embargos de viviendas. ¿Nace dicho informe informe, valga la redundancia, tras apreciar, no sin temor, que hasta ellos mismos pueden ser despedidos en un futuro con la próxima reforma de la Ley de la Función Pública? ¿Es un golpe de mesa? Tuvo la decencia, eso sí, de mencionar, verbigracia, al titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de Catarroja, quien paralizó un procedimiento hipotecario, consultando al Tribunal de la Unión Europea sobre una cláusula incorporada al contrato bancario que podría ser abusiva. La archiconocida Cláusula Suelo. Ésta obliga a seguir pagando un interés aunque el tipo baje. Denunció, el Magistrado Viguer, lo anacrónico de una legislación hipotecaria centenaria, refundida en el 2000. Yyy… poco o nada más. Autobombo, y lavada de imagen de un Poder Judicial constituido en parte activa, activísima, del tinglado desahuciohipotecario, con honrosísimas excepciones en su seno, dadas en Navarra y Valencia. Rebeldes no ya con causa, sino con cientos o miles de ellas revolviéndoles los estómagos. Veremos hasta dónde llegan los díscolos.  En la medida en que sean más o menos, sus deontológicos y paradigmáticos procederes arribarán a buenos puertos o no.

Con el Señor Bosch, se incidió en lo que debía ser el núcleo del problemón, auspiciado por los propios ciudadanos, con nuestros inopinados votos, dotando de legitimidad la actuación de una clase política totalmente desnortada, atornillada a sus poltronas con hondonadas y orejas: la dignidad del ser humano, la dignidad de la persona. Entorno a ésta, discurrió su discurso, humanista en grado sumo. Lo mejor de la tarde noche, sin duda, salió de su boca. En contraposición, el Señor Illueca llegó a decir que ¡los alquileres  de vivienda están a un precio razonable! Será por ello que todo hijo de vecino haya aspirado idefectible y secularmente a la adquisición de una vivienda.

Con una judicatura tomada por la dependencia absoluta de los poderes Ejecutivo y  Legislativo, con las servidumbres que ello conlleva, amén de por nauseabundas reminiscencias franquistas –criminalización y persecución del Magistrado Baltasar Garzón-, desgraciadamente no podemos ser tan optimistas como se declaró el Juez Decano de Valencia. Antes bien al contrario.

Concluyó el acto con unas emotivísimas palabras del Profesor Illueca, haciéndose eco de la desaparición, ese mismo día, de una entidad que tanto había contribuido al desarrollo de la sociedad y la economía valenciana: Caja de Ahorros de Alicante Castellón y Valencia (BANCAJA). De puta pena, de verdad. Y perdóneseme, es lo que ruego, la osadía de hablar en román paladino. Lo último que recuerdo de la susodicha es que sus directivos están declarando como imputados por la comisión de diversos presuntos delitos en la gestión en una causa abierta contra ellos y los de CAJAMADRID, junto a los de las otras tres cajas que participaron en la creación de ese monstruo llamado BANKIA. O que ha estado financiando a un insolvente Valencia C.F. O la construcción de la privatizada, por insostenible, Terra Mítica. Esos euracos perdidos no los vamos a recuperar jamás, por muy bien que pudieran venirnos ahora mismo –pregunten ustedes a los padres de los alumnos del Colegio 103 de Valencia-. Debemos darlos por perdidos.

Moraleja, con la carga ideológica que nos llegan los recortes en derechos, prestaciones y servicios, en pos del déficit soñado –no se lleva a cabo nada que no esté recogido en el infausto Tratado de Maastricht, del que surgió el engendro de Constitución al que votamos mayoritaria e inconscientemente a favor los españoles- no le quepa la menor duda a nadie de que los desahucios no sólo no se van a parar, demorar o suspender, sino que se van a seguir produciendo incluso con mayor virulencia. Sólo un movimiento social necesariamente contundente frenaría la lacra. Éste ni está ni se le espera

Muchos de los componentes, por otro lado, de las miles de familias desahuciadas, entre otros, formarán parte del conjunto de alumnos que no podrán hacer frente al pago de los recibos aplazados de las matrículas en la la Universitat de València.

Dicho sea todo sin ánimo de crear conflicto.

En el último capítulo del libro Sobre la Revolución, marcado por un tono casi nostálgico en la escritura, Hannah Arendt se pregunta por lo que quedó de aquella experiencia que caracterizó a las revoluciones libertarias. Aquella experiencia donde tuvo lugar y voz un espíritu público marcado por el poder de los iguales y distintos que inician una nueva acción. Es nuestro objetivo reconstruir la idea de una historia de las revoluciones de Arendt, que entendida como historia de la experiencia del poder efímero y esquivo, ocurre y se desvanece. Un desvanecimiento que sin embargo, deja una huella que se guarda de una manera paradójica: Aunque no está disponible en el repertorio de la gran tradición, que ya no ejerce su fuerza dominadora, este espíritu revolucionario reaparece en la historia, permitiendo que nuevas generaciones la activen como historia. Esto es lo que a nuestro juicio se expresa las imágenes de “la herencia sin testamento” y el “tesoro perdido” que Arendt toma de René Char y usa para hablar del legado de las revoluciones, tanto en el libro Sobre la Revolución, como en la introducción de Entre pasado y Futuro.¿ Cómo se recuerda una experiencia revolucionaria? ¿Cómo se hace historia de la revoluciones si su experiencia específica constituye una herencia evanescente, que no permanece? ¿Cómo se puede heredar y así construir una historia sin la fuerza dominadora de la Tradición? Son las preguntas que orientarán nuestro trabajo.

(Acceso al  texto completo)

______________

* López Merino, María José.  La historia secreta de las revoluciones [en línea].  Revista internacional de Filosofía. 2012, no. 13, pp.  265-273. <http://www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/viewArticle/256833/0> [Consulta: 11 octubre 2012]

Las ejecuciones hipotecarias contrastan con los millones de viviendas vacías en España.

Los fríos datos estadísticos revelan que en nuestro país existen más de cien inmuebles residenciales desocupados por cada persona sin techo. Un dato que contrasta cruelmente con el incremento de desahucios provocado por una crisis económica sin parangón, a la que no se le intuye un próximo final. Además, la caída de los precios, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se está ralentizando artificialmente por la resistencia de las entidades financieras a contabilizar estos activos con el actual precio de mercado y, de esta manera, no verse obligados a declarar pérdidas. Las perspectivas indican que el número de personas en la calle se incrementará, y que el famoso ‘banco malo’ donde reunir estos activos inmobiliarios devaluados podría convertirse en una realidad.

El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a una “vivienda digna y adecuada”, y establece un marco para la participación de las distintas administraciones en las plusvalías generadas por el urbanismo, al tiempo que prohíbe expresamente la especulación con el suelo.

Pero también la Carta Magna, en sus artículos 33.2 y 128.1 establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, y fija mecanismos para la intervención pública de la economía, precisamente para las circunstancias en las que ese interés general deba prevalecer. Como millones de conciudadanos están pudiendo comprobar en sus propias carnes, la aplicación de estos preceptos constitucionales se está dejando de lado en el desarrollo de la peor crisis económica que ha conocido nuestro país y el conjunto de Occidente.

Además de las demoledoras cifras de desempleo, uno de los aspectos más sangrantes de esta situación lo está constituyendo el creciente número de ejecuciones hipotecarias y de desahucios en general –que también abarcan a los inquilinos que no pueden hacer frente al alquiler de su vivienda-. Un hecho que contrasta con la disponibilidad real de vivienda en todo el territorio nacional, en el que se comprueban unas cifras escandalosas de casas vacías.

España disponía de un parque de 25.837.108 viviendas, a finales de 2010, según datos publicados por el Ministerio de Fomento, lo que arroja un promedio de 1,55 viviendas por cada familia española, el más alto de la Unión Europea, y uno de los más elevados del mundo. Además, otra circunstancia peculiar en este ámbito se da en nuestro país: el 86 por ciento de estos inmuebles están en régimen de propiedad, y solo el 14 por ciento son de alquiler o cesión.

Durante el ‘boom urbanístico’ en España se construyeron al año tantas viviendas como en Alemania, Francia y Gran Bretaña, a un ritmo medio de 800.000 al año. De esos casi 26 millones de viviendas, 17.762.862 constituyen viviendas principales, es decir, las de uso permanente, mientras que 8.074.246 son secundarias –principalmente segundas residencias y vacacionales-.

El cambio de la Ley del Suelo promovido por el Gobierno presidido por José María Aznar, en 1998, abría la puerta a un modelo basado en el ladrillo, en el que esta actividad llegaba a generar hasta el 15 por ciento del PIB español, disparaba la especulación urbanística y, con ello, elevaba el precio de la vivienda en un 155 por ciento en menos de una década. Una burbuja inmobiliaria solo superada por Irlanda –done los precios se encarecían en un 172 por ciento y Malta (157 por ciento).

Además, la implicación de la banca en la financiación de estos proyectos ha traído como consecuencia la actual crisis financiera que tan de lleno afecta a las entidades españolas, que han de hacer frente a los impagos de inmobiliarias y a un considerable parque de viviendas en propiedad –producto de las ejecuciones hipotecarias y de las permutas con las inmobiliarias- que lastran sus balances. Y no solo viviendas; también el suelo. Cuando Luis de Guindos era el director del Centro de Investigación Financiera del Instituto de Empresa, en 2011, revelaba que los bancos españoles poseían unos 120.000 millones de euros en suelo que no estaban ajustados a su actual precio de mercado.

Según diversas fuentes, los activos tóxicos inmobiliarios privados ascienden a más de 150.000 millones de euros, el equivalente al 15 por ciento del PIB español.

Esta circunstancia ha provocado la necesidad de una serie de ayudas públicas encadenadas. Desde 2007, los distintos gobiernos han desoído las reclamaciones de expertos instando a la creación de un parque público de vivienda en alquiler, adquiriendo parte de las viviendas de nueva construcción de difícil salida al mercado debido a la situación de crisis.

Las viviendas ‘fantasma’ y el alquiler
Los datos de viviendas vacías en todo el territorio nacional varían considerablemente, en función de las fuentes consultadas. En 2010, el Ministerio de Fomento contabilizaba 3.417.064 viviendas familiares de un parque total en España de 25.837.108 sin usar, vacías. Es decir, el 13,2% de las casas españolas estarían cerradas, según este informe. Se trata de un elevadísimo porcentaje, que agrava la situación de crisis económica y de difícil acceso a una vivienda.

Sobre esta estadística, y según la misma fuente, la propiedad de estos inmuebles está muy repartida. Cerca de 1,5 millones (1.489.728) pertenece a las comunidades de vecinos, mientras que casi dos (1.882.240) es propiedad de una persona –aunque la inconcreción en este caso es total, ya que no se especifica la cantidad que una sola de estas personas podría acumular-, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público. Del resto, 16.309, se desconoce su dueño.

Por provincias. Barcelona (338.645) y a muy poca distancia, Madrid (337.212) están a la cabeza de esta preocupante estadística. Valencia, con 228.870, Alicante, con 192.184, y Sevilla, con 124.573, completan las cinco provincias con mayor número de inmuebles sin ninguna utilidad. Por el contrario, las provincias con menor número de casas familiares vacías son Álava (11.580), Teruel (12.078), Soria (12.142), Guadalajara (13.803) y Segovia (15.326). En nuestro país, siempre según estos datos de Fomento, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM), generalmente en manos de particulares de manera muy atomizada; y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS), que son las viviendas de promotores o entidades financieras recién construidas, nunca utilizadas, y que están a la espera de su venta, en unas dificilísimas condiciones de mercado.

Pero, según otras fuentes, el parque de ‘casas fantasma’ podría sobrepasar los 3,5 millones. Incluso los datos del nuevo censo del […]

(Acceso al texto completo)

____________________

* Navarro, Pedro Antonio. El drama de las viviendas vacías : Casas vacías, personas sin casa. El Siglo de Europa [en línea]. 2012, no. 971, p. 32-38 <http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_6_Crisis_Zona_Euro.pdf> [Consulta: 3 octubre 2012]