BIBLIOTágora el blog de Biblioteconomía y Documentación, en el que no se habla de Biblioteconomía y Documentación… sólo: "El ruido de las carcajadas pasa. La fuerza de los razonamientos queda"

Los Derechos Humanos desde la perspectiva de la memoria colectiva de los actores sociales, es un tema presente en las sociedades post dictadura, donde los diseños de transición a la democracia dificultaron la lucha por la justicia, la verdad y la reparación. La construcción de lo público es una tarea esencial de los actores sociales y de una sociedad civil que plantea desafíos crecientes a democracias como las de Chile y España.

A más de 17 años de régimen democrático, resulta imprescindible reflexionar sobre la transición Chilena, toda vez que la Constitución de 1980 plebiscitada en condiciones no democráticas por el Régimen Militar- salvo modificaciones formales-es la que rige en la actualidad a la nación.¹

Respecto a España, se estudian los antecedentes y contribuciones que ponen el acento en la salida final de la dictadura franquista y el proceso de transición a la democracia, el protagonismo de los movimientos sociales y el rol que juegan en la lucha por la justicia, la memoria en los derechos humanos.

Así el particular diseño de transición en España genera un pacto de olvido suscrito por los protagonistas políticos de ésta.

Teniendo presente estas dos realidades de contextos diferentes, en Chile y en España se identifican similitudes y diferencias en la reivindicación de la justicia, verdad y reparación de las victimas de la represión. Esta tarea constituye un desafío pendiente en ambas sociedades , toda vez que los derechos humanos son la estrategia de lucha contra todo tipo de autoritarismo.

El avance en el tema de los derechos Humanos en ambos países , requiere una mayor construcción de ciudadanía, un fortalecimiento de la sociedad civil, de manera que en un contexto de mayor profundización democrática podamos avanzar hacia la verdad y la justicia. Por Prof. Dr. Bernardo Castro Ramírez (Departamento de Sociología y Antropología Universidad de Concepción, Chile)

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 El Proceso a Garzón: la punta del iceberg

Roberto Laxe | El Tribunal Supremo del Estado Español tiene abiertos tres procesos contra el que fuera el juez “estrella” de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Dos de ellos son básicamente una cortina de humo, pero hay un tercero que tiene un calado distinto, es la denuncia por prevaricación presentada, por increíble que parezca, por Falange Española, y dos organizaciones satélites de la extrema derecha. La esencia de la denuncia presentada es que el juez Garzón prevarica al investigar los desaparecidos de la dictadura, porque esos delitos están amnistiados desde el 1977.

La caja de Pandora

Garzón, al investigar los crímenes del franquismo, abrió la caja de Pandora del régimen, y como en la leyenda, de ella salieron todos los males que había tapados bajo la alfombra de la Transición. En concreto, el pacto de amnistía de los partidos de la izquierda oficial (el PCE y el PSOE) con el régimen franquista.
Gracias a ese Pacto, salieron de la cárcel los presos políticos antifranquistas –no todos, pues los que tenían “delitos de sangre” no lo hicieron-, pero al mismo tiempo, se amnistiaba a los responsables de la dictadura –incluidos los que tenían delitos de sangre-. En esa Ley se equipararon victimas con verdugos y se convirtió en una verdadera Ley de Punto Final como las aprobadas en Chile o Argentina.
Esa ley de Punto Final, es un acuerdo político jurídicamente ilegal. Los delitos contra la humanidad no son amnistiables ni prescriptibles, según declaración de la propia ONU. Un organismo que consideró al franquismo como responsable de delitos contra la humanidad. Por ello, la ley de amnistía contradice todo el derecho internacional que sirvió, y sirve, para procesar dictadores en América Latina, para perseguir genocidas en la ex Yugoslavia o de África. Ese mismo derecho que se invoca para declarar la “guerra contra el terrorismo”, no sirve para perseguir a los responsables de una dictadura que provoco una guerra civil y 40 años de represión.
Este es el pecado de Garzón, abrir esa caja, y con ello, queriendo o no, cuestionar todo el andamiaje de un régimen que se basa, justo, en el olvido de cuarenta años de su historia. Un régimen que, a partir de este “olvido”, se transforma en una “democracia vigilada”, de la que sus administradores son, en su esencia, los “perdonados” por la ley de amnistía y un Rey designado por el mismísimo Franco.

“Los muertos que vos matáis gozan de excelente salud”

La ley de Punto Final/Amnistia del 77 no solo se ciñó a responsables públicos del régimen franquista, y a instituciones claves como la jefatura de Estado o el ejército; sino que una tercera institución se vio favorecida por la Ley: la judicatura.
Eran jueces los que dictaban sentencias desde el Tribunal de Orden Publico, eran jueces los que presidian juicios sumarísimos donde las mínimas garantías democráticas de defensa eran inexistentes; era jueces los que negaban las denuncias de tortura y muerte en las comisarías. Y todos ellos fueron también amnistiados.
Esta amnistía permitió la transformación de instituciones judiciales de la Dictadura (Tribunal de Orden Público y Magistraturas de Trabajo), en reconvertidas instituciones “democráticas” (Audiencia Nacional y los Juzgados de lo Social).
Al final, “los muertos” políticos que dirigieron el estado español a largo de cuarenta años, “gozan” de excelente salud. Tan buena debe ser que se atreven a procesar al juez “estrella”. Así resulta que los jueces y el aparato judicial son en esencia los herederos del franquismo y muchos de ellos juraron fidelidad a los franquistas “Principios del Movimiento”. Este es el “Estado de derecho” del que nos hablan.
“Roma no paga a traidores”
Al llamado “bunker” en los años de la Transición (que expresaba a los sectores más ligados al aparato del estado franquista, al Sindicato Vertical, al Ejercito, etc.) no le importa que Garzón haya cumplido un papel fundamental en la lucha contra el pueblo vasco, aplicando la Ley Partidos, cerrando diarios y radios, encarcelando activistas; eso es “pecata minuta” ante lo que se juegan: la estabilidad de las instituciones del régimen en plena crisis económica y política.
Las instituciones del régimen tienen que estar bien engrasadas, las herramientas legales ya las tienen (ley de partidos, ley de huelga con imposición de Servicios Mínimos, multas administrativas impuestas por las delegaciones del gobierno, etc.); les sobran jueces que, aunque sea por un instante, puedan tener un mínimo de independencia política.

El gobierno parte del problema

El mismo Garzón, y el inefable ministro Rubalcaba ya han salido al paso de la crisis que se puede abrir, afirmando que la culpa de todo la tiene el PP. Como es habitual en el gobierno ZP, tras una media verdad, esconde una gran mentira.
Es cierto que el PP atiza los procesos contra Garzón, ya por el interés de sus propios encausados en procesos de corrupción, ya como cortina de humo; pero el PP lo que está haciendo es remozar de nuevo las fronteras del régimen frente a las debilidades otro de sus administradores, el PSOE. Lo hizo cuando frenó la Ley de la Memoria Histórica, diciéndole al sumiso gobierno de ZP los límites de lo que se podían tocar, y lo hace ahora, empujando al CSPJ y el Tribunal Supremo a juzgar a quien se “extralimitó” pretendiendo actuar en forma “independiente” en un régimen que no tolera siquiera la independencia judicial relativa de cualquiera régimen democrático burgués.
Los procesos a Garzón tienen su raíz en la crisis abierta en el régimen cuando se comenzó a discutir la Ley de la Memoria Histórica, que no era más que las consecuencias del ascenso de movilizaciones obreras y populares que echaron al gobierno de Aznar. Y esto abrió verdaderas grietas en el mismo régimen por eso Aznar habló de que era necesaria una nueva Transición.
Ahora, en plena crisis, cuando todos los sectores de la burguesía acuerdan que es preciso imponer un Plan de Austeridad –lo que discuten es el calado del mismo y los ejes-, y que esa política alienta el creciente descontento obrero y popular y puede provocar explosiones sociales, esta unidad estratégica de recorte de las libertades se les hace más imprescindible.
Por esto, a la cortina de humo levantada por el PP para ocultar el fondo real del ataque, un retroceso en las libertades democráticas, se une la política del Gobierno de acusar al PP…. por la trama Gurtell, ocultando que el proceso de más calado es el que cuestiona la Ley de Amnistía del 77.
Porque, si realmente el gobierno no fuera parte del problema, habría derogado la Ley de amnistía del 77, habría aprobado una verdadera Ley de la Memoria Histórica que restaurara los derechos de las víctimas del franquismo y exigido responsabilidades a los herederos de la dictadura. Ese fue el camino que impuso la lucha de los trabajadores y el pueblo argentino y por eso allí fue derogada la Ley de punto final y muchos de los militares de la Dictadura acabaron presos. Pero este gobierno es el gobierno del régimen monárquico heredero del franquismo y tiene un pilar esencial en esa Ley de Amnistía que Garzón cuestionó objetivamente y más allá de su voluntad con sus investigaciones.

La defensa de las libertades democráticas

La defensa de las libertades democráticas es para la clase trabajadora tan importante como la defensa del salario o el puesto de trabajo. Las libertades, los derechos de asociación, huelga, manifestación o reunión, son herramientas conquistadas tras decenios de lucha de la clase obrera, que permiten encarar en mejores condiciones la lucha contra los planes de austeridad y por los derechos nacionales de los pueblos. Cualquier límite o recorte de esos derechos pone a los trabajadores y a los pueblos en peores condiciones.
La izquierda oficial (IU, ERC, BNG, …), las organizaciones sindicales (CC OO- UGT) y así como los intelectuales, artistas y profesionales que encabezan la campaña “en defensa de Garzón” capitulan, una vez más, al Gobierno, enganchándose al señuelo de apuntar al PP, salvando al Gobierno de Zapatero como si este no fuera parte del problema, de fraudes a las libertades democráticas como la Ley de Amnistía o de recortes vergonzantes a la libertades como la Ley de Partidos. Flaco favor hacen así a la causa de las libertades democráticas.
No cabe por tanto ningún apoyo al Gobierno, ni defensa incondicional de Garzón. Las organizaciones de la clase trabajadora, las organizaciones democráticas, la intelectualidad progresista, deberían adoptar una posición opuesta: ¿quieren de verdad defender las libertades democráticas de los ataques de la reacción? ¿Quieren de verdad defender al juez Garzón de la ultraderecha? organicemos entonces juntos una campaña exigiendo la derogación de la ley de Amnistía y de la Ley de Partidos. Esa sería la única defensa real y legitima a la par que ayudaría a retomar el camino que truncó la Transición, el del procesamiento y castigo a los responsables de 40 años de dictadura, el de la consecución de las plenas libertades democráticas.