Se analiza la nueva Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos (LO 8/2007, de 4 de julio) y algunos informes del Tribunal de Cuentas relativos a la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos —en especial, los últimos publicados relativos a los ejercicios de 2003, 2004 y 2005. Se destacan los problemas que en aquella sede se han puesto de manifiesto en relación con la financiación de los partidos políticos, las propuestas de la nueva ley y la exigencia de llevar a cabo un control exhaustivo de los estados contables de los partidos políticos, como paradigma del Estado democrático. Por Joan Lluís Pérez Francesch (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic 8193 Bellaterra [Barcelona]. Spain joanlluis.perez.francesch@uab.cat)